HUARAL - CHANCAY NOTICIAS

sábado, 14 de enero de 2017

PEAJE DE LA VERGÜENZA
POR: JUAN MENDOZA.

“No puede ser que, más de un siglo después de González Prada, en donde se pone el dedo siga saltando la pus”.

La concesión de peajes del municipio de Lima a Odebrecht es una vergüenza. Esta concesión, firmada el 2013 por la ex alcaldesa Susana Villarán, es el origen de la convulsión social en Puente Piedra.

Todo empezó cuando Odebrecht, que lideraba Rutas de Lima, propuso una iniciativa privada al municipio para que le den en cesión los peajes por 30 años. El municipio no solo declaró de interés el proyecto sino que lo aprobó sin concurso público. Es decir, Odebrecht recibió en concesión los peajes de Panamericana Norte y Sur y Ramiro Prialé sin enfrentar competencia de empresa alguna.

El contrato de concesión es en extremo lesivo para los limeños. El contrato le ha permitido al concesionario incrementar los peajes en 66% en 3 años sin mejora equivalente en el servicio. Lo peor es que Odebrecht ya vendió 57% de su participación en Rutas de Lima a Brookfield en junio pasado por 500 millones de dólares. Bajo supuestos muy conservadores, Odebrecht no habría invertido más de 250 millones en la concesión. 

Por lo tanto, gracias a la generosidad de Villarán y su Concejo Metropolitano, Odebrecht habría ganado cuando menos 250 millones de dólares, una tasa de rentabilidad superior al 100%. Tal rentabilidad es absolutamente inusual en los negocios privados honestos, incluso en las más ricas minas de oro o empresas petrolíferas.

Peor aun, la cláusula 10.4 del contrato estipula que si se interrumpiera el cobro de peajes en la caseta de Puente Piedra debido a convulsión social, como la de los últimos días, la Municipalidad de Lima estará obligada a seguirle pagando al concesionario.

¿Por qué la Municipalidad de Lima aceptó, de rodillas, términos tan favorables de una empresa de cuestionada reputación? ¿Cómo puede decir el regidor Núñez que desconocía qué era Odebrecht en el 2013? 

¿Era tamaña la ignorancia compartida por la ex alcaldesa y los otros regidores? ¿Por qué a nadie en el municipio se le ocurrió pedir la opinión del MEF? ¿Por qué la desidia? Felicito a Panorama por haber cuestionado la vergonzosa concesión, en solitario, hace 3 años.

El doble peaje de Puente Piedra atenta contra el derecho humano fundamental de desplazarse por el territorio. Antes que Odebrecht venda el 25% que conserva en Rutas de Lima, se debe congelar ipso facto los ingresos y activos de la concesión hasta que se esclarezca si hubo corrupción.


No puede ser que, más de un siglo después de González Prada, en donde se pone el dedo siga saltando la pus. Nuestra generación tiene la obligación de extirpar a las autoridades negligentes y la putrefacción de los corruptos.
CONGRESO APRUEBA PROYECTO DE LEY PARA AUMENTO DE SUELDO A MAESTROS

Congreso aprueba proyecto de ley para aumento de sueldo a maestros. Se prevé que en 2018 ningún docente del sector público gane menos de S/2 mil.

Los profesores del sector público recibirán un aumento de S/225, luego que el Congreso aprobó el proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Educación (Minedu) que eleva la base salarial de S/1,555 a S/1,780, y se prevé que ningún maestro gane menos de S/2 mil en 2018.

La ministra de Educación, Marilú Martens, dijo ayer ante la Comisión Permanente del Congreso que la iniciativa legal aprobada modifica la Ley de Reforma Magisterial para lograr que la carrera docente sea más atractiva y competitiva. Así, la remuneración se incrementará en promedio en 20% del 2017 al 2018.

La titular del Minedu aseguró "ningún maestro del ámbito público ganará menos de S/ 2,000 en el 2018.

Según Andina, Marilú Martens señaló que los docentes de la primera a la cuarta escala salarial, que representan el 95 % del magisterio, tendrán incrementos en sus haberes de 20% a 30% por ser los que menos ganan; mientras que aquellos que se encuentran en escalas superiores también recibirán aumentos pudiendo llegar hasta S/ 3,500 en el 2018.

CLASES FUERA DE HORARIO. Dicha iniciativa también reconoce económicamente la labor de los profesores después de dictar clases, como es el caso de la atención que brindan a los padres de familia fuera del horario de trabajo, la corrección de exámenes o la preparación de sus sesiones.

20 AÑOS. Además, la norma permitirá que los docentes puedan ascender de la primera a la octava escala salarial en 20 años y ya no en 30 años como ocurre actualmente. De ese modo, estos podrán ver un incremento de 23 % en su remuneración en menor tiempo, refirió. Y en el caso de un profesor de educación rural lograría en 13 años llegar a la octava escala.

DIRECTORES. Otro cambio legal aprobado es que los docentes que están en la tercera escala podrán postular al cargo de directores de colegios públicos con cuatro años de experiencia en la carrera magisterial y ya no en 11 años.

EVALUACIÓN. La ministra dijo que se continuará con los exámenes y la meritocracia, aunque de manera más espaciada, a fin de que profesor esté enfocado principalmente en su labor en el aula.

La ministra agradeció a la Comisión Permanente del Congreso y aseveró que el estudiante es el centro de la reforma educativa.

"Seguiremos trabajando en capacitar y motivar a los docentes, responsables de acompañar los aprendizajes de nuestros alumnos", agregó

miércoles, 11 de enero de 2017

ES UN FALLO QUE PRODUCE ABERRACIÓN JURÍDICA
POR : Miguel Ángel Rodríguez Mackay

Esta vez ni siquiera me referiré a los derechos de opción sexual, con los que estoy de acuerdo, sino únicamente a la reciente sentencia que ordena a la Reniec la inscripción de un matrimonio entre dos varones. Veamos:

 1° La sentencia constituye en el Derecho una aberración jurídica no solo porque es una decisión errada, sino porque produce una profunda fractura en la propia naturaleza del Derecho como ciencia, lamentablemente -lo digo como profesor universitario- por la grave falta de profundidad en la formación jurídica de algunos magistrados.

2° El Código Civil peruano de 1984 -no es del siglo XIX- define al matrimonio como la unión de un varón y una mujer. Mal entonces de concebirlo entre dos hombres o dos mujeres, porque sencillamente la norma no lo contempla. Si se busca interpretarlo forzadamente, eviten el vergonzoso papelón jurídico y mejor que cambie el texto de la ley y se acabó el asunto.


3° Es una regla del derecho internacional privado el reconocimiento de sentencias extranjeras y de otras prerrogativas adquiridas en el derecho interno de otro Estado, nunca jamás son imperativas en el país donde se quiere hacerlas valer. Si un jeque llega a Lima con sus seis esposas, ¿acaso se debe reconocer su matrimonio con 6 mujeres? No pues, porque nuestro Código Civil dice que el matrimonio es la unión de un varón con una sola mujer, no con dos, ni tres, etc.


4° El Derecho nacional amparado en la soberanía del Estado realiza un proceso de filtro para que las normas extranjeras no afecten ni sean incompatibles con la ley nacional; y, 

5° La negación del reconocimiento del matrimonio de dos personas del mismo sexo, que no existe en el Perú, no es un asunto de discriminación, sino de respetar el sentido y el espíritu de la ley. 

Hay que ganar derechos, estoy de acuerdo, pero no pasando por encima de la norma, sino todo sería un zafarrancho.

lunes, 9 de enero de 2017

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA ENTREGÓ APORTE ECONÓMICO A FAMILIAR DEL MENOR QUE SUFRIÓ AMPUTACIÓN DE MANOS Y PIES EN DISTRITO DE HUALMAY

El Gobierno Regional de Lima, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, entregó un aporte económico a la humilde familia del menor A.M.W de un año seis meses de edad, quien presentó un cuadro de necrosis, con seguimiento de amputación de manos y pies.

Hasta su hogar, en pasaje Cruz de Cano, se trasladó el gerente Dr. Jorge Núñez Acevedo, a fin de solidarizarse y comprometerse a nombre del gobernador regional Nelson Chui Mejía, en apoyar en sus controles médicos y rehabilitación del referido pequeño.


La madre Noemí Wajai Yagkuag, saludó el aporte de los funcionarios regionales, así como agradeció la preocupación por el bienestar y la salud de su hijo, con quien viene batallando por su mejoría desde fines de agosto.



Núñez Acevedo refirió que han estrechado coordinaciones con el Hospital Regional de Huacho para las facilidades en su traslado a las citas que tenga en Lima, además de la cobertura en los servicios que estén al alcance.



¿ES LEGÍTIMA LA MODIFICACIÓN AL DELITO DE DISCRIMINACIÓN (ART. 323 DEL CÓDIGO PENAL) MEDIANTE EL D.L. 1323?
POR : MERCEDES HERRERA GUERRERO
Mediante Ley 30506 de 30 de septiembre de 2016 el Congreso delegó facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú. Concretamente, el artículo 2 de la citada norma autorizó al Poder Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana. Dentro de este ámbito se detallan una serie de temas, tales como: crimen organizado, lavado de activos, ente otros. Se autoriza, asimismo, modificar la legislación penal y procesal penal y de ejecución penal con el objeto de revisar la regulación vigente del delito de feminicidio y sus agravantes.

De una lectura detenida del art. 2 de la Ley 30506, se advierte que uno de los objetivos de la delegación en materia de seguridad ciudadana consistía en revisar la legislación del delito de feminicidio con la finalidad de combatir la violencia familiar y violencia de género. Este –y no otro- era el marco de la potestad delegada dentro del tema seguridad ciudadana y feminicidio.

La finalidad de la norma delegante era concreta: combatir la violencia familiar y violencia de género, así como proteger los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Ergo, el ámbito de delegación se refería única y exclusivamente a la violencia contra la mujer (también llamada violencia de género), todo ello dentro del marco de la seguridad ciudadana.

El Poder Ejecutivo no estaba, por tanto, legitimado para incluir como circunstancias agravantes en el artículo 46 del Código Penal el delito de feminicidio, lesiones graves, lesiones leves, lesiones por violencia familiar, discriminación, entre otros, bajo móviles de intolerancia o discriminación, tales como, orientación sexual e identidad de género…”

En las próximas líneas, centraré mi análisis básicamente en el delito de discriminación (art. 323 del Código Penal) modificado por el D.L. 1323 del 5 de enero de este año.
Hasta antes de la entrada en vigencia del D.L. 1323, el art. 323 del Código Penal tenía como verbos rectores: a) discriminar, b) incitar c) promover en forma pública actos discriminatorios. De acuerdo con la redacción actual se considera discriminación “realizar actos de distinción” que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocido en la ley, la Constitución o en los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es parte, basados en motivos de orientación sexual, identidad de género.

Hoy por hoy,  ni la “orientación sexual” ni la “identidad de género” pueden considerarse objetos o bienes sobre los que pueden recaer actos de discriminación.

Ahora bien, en nuestro país la Constitución no ha sido modificada para incluir como derechos humanos la orientación sexual o identidad de género. Hoy por hoy,  ni la “orientación sexual” ni la “identidad de género” pueden considerarse objetos o bienes sobre los que pueden recaer actos de discriminación. Tal reconocimiento carece de legitimidad, ya que el Poder Ejecutivo no puede mediante facultades delegadas y excediendo el estricto ámbito de las mismas, crear derechos humanos, o en otros términos, atribuir el carácter de derechos con reconocimiento constitucional a tendencias o conductas sobre las que no ha existido un debate en el Congreso.

Recordemos que la legalidad penal es un límite a la potestad punitiva del Estado. Precisamente uno de sus contenidos es la legalidad formal, la cual implica la reserva absoluta y sustancial de ley. Es al Congreso al que le corresponde debatir si la “orientación sexual” y la “identidad de género” pueden considerarse objetos susceptibles de protección penal.

De otra parte, si vinculamos el verbo rector distinguir con la “orientación sexual “y la “identidad de género”, considerar tal conducta como delictiva supone imponer a los ciudadanos importantes limitaciones a su libertad de expresión, derecho que sí goza de reconocimiento constitucional. Más aún, la frase “realizar actos de distinción que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho” no es clara y vulnera el principio de lex certa o taxatividad de la ley penal, conforme al cual, toda norma de carácter penal, ha de describir de una manera precisa, clara y exhaustiva -en definitiva, de una manera cierta- tanto la conducta prohibida como la pena con la que se conmina su realización.

Esta exigencia de lex certa, se vincula estrechamente con la faceta garantista del principio de legalidad, en el sentido de que solo si los delitos y las penas están determinados con claridad queda protegido el ciudadano frente a la arbitrariedad, y también con su función jurídico-penal, pues no puede desplegar efecto preventivo-general una norma cuyo presupuesto o consecuencia jurídica no pueda ser conocida con certeza por el ciudadano. Pero también se relaciona con la faceta jurídico-política del principio de legalidad, pues unas definiciones legales vagas e imprecisas en la práctica implican, dejar al libre albedrío del juez la decisión sobre qué conductas son delitos y cómo debe castigarse, decisión que debe corresponder en exclusiva al legislador.

Entre otros significados del verbo distinguir destacan: “Hacer que algo se diferencie de otra cosa por medio de alguna particularidad, señal, divisa, etc.”; “Dicho de una cualidad o de un proceder: caracterizar a alguien o algo”.

Si relacionamos este verbo rector con “la identidad de género” o “la orientación sexual” prohíbe una caracterización o un juicio de valor (que puede ser negativo) en función a la orientación sexual, y aquí se manifiesta precisamente la restricción a la libertad de expresión de todas aquellas personas que pueden manifestarse en contra de las pretensiones de reconocimiento de derechos a personas con una “orientación sexual diversa”.

Precisamente, por tratarse de un tema tan debatido actualmente en nuestro país (como puede advertirse también de las recientes marchas contra la currícula del MINEDU por presuntamente incluir ideología de género), para poder incluirlos como objeto de protección jurídico-penal frente a actos de discriminación, es preciso que dicho reconocimiento se debata ampliamente en el Congreso:

a) A fin de determinar si la “identidad de género” y la “orientación sexual” pueden bajo algún aspecto considerarse como derechos humanos;

b) Si el legislador considera que la “identidad de género” y la “orientación sexual” deben ser protegidas a través de una o más normas jurídico-penales, tales como los denominados crímenes de odio y, si fuera el caso, a través del delito de discriminación.
Por otro lado, la conducta típica de realizar “actos de distinción” referidos a la la “orientación sexual “y la “identidad de género”, difiere de lo que en sentido estricto se considera como discriminar, entendido como “dar un trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, políticos, religiosos, etc.” Mientras exista la posibilidad de interpretar esta conducta como la acción de establecer diferencias, en concreto referidas a la “orientación sexual” o identidad de género”, se presenta un grave peligro para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los peruanos que se manifiestan en desacuerdo con el reconocimiento de ciertos derechos a colectivos de lesbianas, transexuales, gays y bisexuales.

No todo acto que demuestre opiniones o motivos de “discriminación” puede ser considerado relevante a nivel jurídico-penal, sino solo aquellas conductas que impliquen una vulneración directa y objetiva de la igualdad en el ejercicio de derechos constitucionales preexistentes, o legales siempre que tengan su fundamento en la Constitución.

Conforme a la doctrina comparada el bien jurídico protegido en el delito de discriminación es la vida digna de las personas, o dicho en otros términos, la dignidad humana, pero también el derecho a la igualdad tanto en sentido formal como material. Por tanto, para considerar la “orientación sexual” y la “identidad de género” como aspectos a proteger dentro de la dignidad e igualdad, el Estado peruano no puede evitar el debate sobre su legitimidad y pertinencia.

Puede, por tanto concluirse que el delito de discriminación modificado por el D.L. 1323, del 5 de enero del presente año, carece de legitimidad y debe ser expulsado a la brevedad posible del ordenamiento mediante su derogación por el Congreso, pues: i) ha sido emitido fuera del marco de las facultades delegadas; y, ii) contraviene aspectos básicos del principio de legalidad, tales como la reserva de ley y la taxatividad o determinación de la norma penal. 

La flagrante vulneración de estos aspectos nucleares del principio de legalidad penal se vinculan al mismo tiempo con un peligro para un derecho fundamental tan importante como es la libertad de expresión en relación a la “orientación sexual” e “identidad de género”.

viernes, 30 de diciembre de 2016

UNIVERSIDAD "SAN PEDRO" ES MULTADA POR INDECOPI CON MAS DE 270 MIL SOLES

A la fecha, Indecopi ha multado con 70 unidades impositivas tributarias (U.I.T), equivalentes a 276 mil 500 soles a la Universidad Privada San Pedro por aplicar prácticas intimidatorias contra sus estudiantes que no están al día en sus pensiones. 

Ante la queja de los alumnos, quienes indicaban que la universidad les impedía ingresar a clases o a dar exámenes porque debían sus pensiones, Indecopi  inició un proceso sancionador en contra de esta universidad, el cual concluyó este mes con la aplicación de una multa de 50 U.I.T (197.500 soles).

Sin embargo, mientras se realizaba el proceso en Indecopi  la universidad no cesó en su ilegal práctica, por lo que se le abrió un proceso tipo medida cautelar, el cual concluyó en la aplicación de una multa de 20 U.I.T (79 mil soles), el cual quedó consentido y ya está en proceso de cobranza coactiva. Respecto a la multa de 50 mil soles, del expediente principal, este ha sido apelado y será resuelto en segunda instancia, informó la jefa de Indecopi Chimbote, Judith Rodrigo Castillo.

De acuerdo a ley, las universidades y colegios están impedidos de no permitir el ingreso a clases o a dar exámenes de sus alumnos que deben pensiones. Si estos no cumplen con el pago, la universidad o colegio privado sí puede retenerlos los documentos hasta que paguen.


FUENTE: ( RADIO RSD.PE)

jueves, 22 de diciembre de 2016

1,140 MAESTROS DE LA REGIÓN LIMA SERÁN BENEFICIADOS CON PAGO DE DEUDA SOCIAL

Como muestra de su voluntad política y compromiso con el magisterio de esta jurisdicción, nuestro gobernador regional Nelson Chui Mejía cumplirá por segundo año consecutivo con el pago de la deuda social a 1,140 maestros de la región Lima.

Chui Mejía anunció que se destinará una suma superior a los 13 millones 253 mil soles del presupuesto institucional para cancelar las obligaciones derivadas de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada.


En otro momento, precisó que el desembolso en su integridad se dará a los profesores que se encuentren en la lista de prioridad “A” que corresponde a los criterios por Compensación por Tiempo de Servicios, Indemnización, derecho de sepelio y luto; en tanto que se han establecido montos equitativos a los que estén en la prioridad “C”, “D” y “E”, por una suma de 10 mil soles, a excepción de los mayores de 65 años que recibirán en su integridad.

El secretario de Organización del Sutep Regional Lima–Provincias Máximo Silva Bravo, felicitó la decisión tomada por la primera autoridad regional de asumir responsablemente los derechos laborales de los docentes en aras de mejorar la educación en el país.



Finalmente, Nelson Chui señaló que la atención de esta demanda social está orientada a reconocer el esfuerzo, la dedicación y el noble trabajo que desempeñan los maestros y juntos alcanzar las metas por resultados que eleven el nivel académico que se ofrece a la nueva generación.